La Ley de Bases de la Reforma Agraria española, promulgada el 9 de septiembre de 1932, fue el mayor proyecto al que se enfrentó el gobierno de la Segunda República por tres razones:
- España seguía siendo un país de base agrícola de bajo rendimiento.
- Casi el 50% de la población activa era campesina y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, sin tierras.
Para solucionar esta situación desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas que más tarde se aprobarían en la ley de reforma agraria:
- Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban las tierras.
- Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales.
- Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.
- Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación para evitar que los terratenientes boicotearan a la república dejando las tierras sin cultivar.
La reforma, sin resultar un fracaso absoluto, representó una gran frustración para los campesinos debido al atraso en elaborar la ley (un año y medio tras la proclamación de la república), la lentitud del Instituto de Reforma Agraria, encargado de elaborar el inventario de tierras expropiables y la falta de dinero para expropiar las tierras, que debían ser indemnizadas previamente.
Su aplicación fue suprimida por la Ley de Contrarreforma Agraria durante el bienio radical-cedista, pocos meses después de su aprobación, y anulada totalmente en la zona bajo el control de los sublevados durante la Guerra Civil Española y en toda España tras la victoria franquista. Fue una de las primeras medidas adoptadas por Francisco Franco.